¿Cuál escuela quiere apoyar?
Aproximadamente 146.000 estudiantes de 3 a 17 años que asisten a la escuela en California residen en Estados Unidos sin autorización legal para hacerlo. En términos oficiales, estos estudiantes son indocumentados. Algunos prefieren el término no autorizado.
La mayor parte de esta inmigración proviene de Latinoamérica. Y si se fija en la oleada de niños inmigrantes en la frontera de California, parece que esta cifra está aumentando. Algunos de estos estudiantes, traídos a EE. UU. a una edad temprana por sus padres u otros parientes, no son conscientes de su situación migratoria.
En los Estados Unidos, la opinión pública se encuentra dividida con respecto a los nuevos inmigrantes, pero en general, los californianos piensan que las personas que ya se han establecido aquí deberían poder quedarse. Según una encuesta estatal que el Instituto de Políticas Públicas de California llevó a cabo en el 2021, el 85 por ciento de los californianos están de acuerdo en que debería existir una manera por medio de la cual los inmigrantes indocumentados puedan permanecer legalmente en EE. UU.
Según una investigación recopilada por la Universidad del Sur de California, aproximadamente uno de cada treinta estudiantes de California es indocumentado. Sin embargo, esta proporción subestima la importancia del estatus migratorio en la vida de los niños, ya que aproximadamente 1 de cada 8 niños en las escuelas de California tiene al menos un padre con estatus migratorio no autorizado.
La 14.ª Enmienda a la Constitución de EE. UU., adoptada en el 1868 durante la Reconstrucción, estableció que cualquier persona nacida en los Estados Unidos es un ciudadano estadounidense. Hoy en día, la 14.ª Enmienda es de vital importancia en el sistema educativo.
Por lógica, las estadísticas con respecto a la situación migratoria pueden ser un tanto imprecisas, pero las mejores estimaciones sugieren que el número de personas indocumentadas en los Estados Unidos ha ido disminuyendo desde la administración Obama. No quedan claros los efectos de la pandemia en las inscripciones de estudiantes indocumentados en las escuelas públicas.
El Centro Hispánico Pew proporciona varias fuentes de información y resultados de encuestas que ayudan a arrojar luz sobre este segmento tan complejo y cambiante del cuerpo estudiantil de California.
La ciudadanía no es una condición para inscribirse en las escuelas públicas primarias y secundarias de California. Todo niño debe asistir a clases, independientemente de su documentación.
La ciudadanía no es una condición para inscribirse en las escuelas públicas primarias y secundarias de California. En el 1982, en el caso Pyler v. Doe, la Corte Suprema de EE. UU. resolvió que la situación migratoria no puede servir como condición para inscribirse en las escuelas públicas estadounidenses. En California, el acceso a la educación pública se otorga a todo estudiante que resida en el estado, independientemente de su situación migratoria. Las leyes de California exigen que los niños asistan a la escuela, independientemente de sus documentos.
En el 2021, el gobierno federal luchó para proporcionar vivienda a los menores de edad no acompañados en California a medida que se disparaba la cantidad de recién llegados. En San Diego, por ejemplo, algunos maestros se ofrecieron a educar a los nuevos estudiantes albergados en el Centro de Convenciones de San Diego. Muchos de estos estudiantes han perdido años de escuela. Escuelas para recién llegados, diseñadas especialmente para nuevos inmigrantes, se crearon en varias partes del estado.
La ley exige que los niños asistan a la escuela independientemente de su situación migratoria, pero el miedo a la deportación puede hacer que las familias no autorizadas sean renuentes a llevar a sus hijos a la escuela. Para mitigar este dilema, las leyes de California impiden que la información estudiantil se entregue a las autoridades federales de inmigración. El Departamento de Educación de California les proporciona las siguientes pautas a los distritos escolares locales:
Sí. La ciudadanía no es una condición para inscribirse en el sistema de colegios comunitarios y universidades de California. Gracias a una política que se estableció en el 2001, se permite que los estudiantes indocumentados que residan en California asistan a las universidades públicas pagando el mismo costo de matrícula que se aplica a los demás residentes.
En 2019, 427.345 estudiantes indocumentados cursaban estudios postsecundarios en Estados Unidos, alrededor del 2% del total nacional. La tasa era algo mayor en California: 94.030 estudiantes universitarios indocumentados comprendían alrededor del 3% del total del estado. Para obtener asesoramiento actualizado sobre los estudiantes indocumentados que asisten a la universidad, los lectores pueden recurrir al National Immigration Law Center (Centro Nacional de Derecho de Inmigración), la Asociación de Consejos Escolares de California y EdTrust-West.
La ley California DREAM Act (Ley del Sueño de California), firmada en el 2011 por el entonces gobernador, Jerry Brown, facilitó el acceso a la educación superior para los estudiantes indocumentados de California. La ley estableció el 1 de enero de 2013 como la fecha en la que los residentes indocumentados de California podrían recibir ayuda financiera del estado, tal como las becas Cal Grants, para ayudar a cubrir los costos de sus estudios universitarios. La ley también permitió que las instituciones públicas de educación superior de California proporcionaran becas y otras formas de asistencia según criterios específicos.
Las políticas de California con respecto a los estudiantes indocumentados a menudo difieren de las políticas federales. Por ejemplo, las reglas federales excluyen a estudiantes indocumentados de ayuda financiera federal, préstamos estudiantiles y programas de estudio y trabajo. Desde el inicio de la pandemia hasta mayo de 2021, los estudiantes indocumentados no podían recibir la ayuda monetaria de emergencia COVID-19 de sus universidades.
Muchos de los estudiantes universitarios indocumentados que llegaron de niño a EE. UU. cuentan con amparos en el marco de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), la cual también les da acceso a permisos de trabajo.
La administración Obama creó esta política mediante una orden ejecutiva. El presidente Trump detuvo el programa, también mediante una orden ejecutiva. La cuestión escaló hasta la Corte Suprema, la cual ratificó nuevamente la DACA en el 2020. La resolución fue compleja y los jueces llegaron a la misma por estrecho margen. En el 2021, el presidente Biden señaló su intención de restablecer el programa.
Al eliminar el riesgo de deportación, el programa DACA creó un incentivo para que los estudiantes indocumentados asistieran a la universidad. Según una encuesta del 2019, un sólido 93 por ciento de los encuestados que estaban en la escuela dijeron que, gracias a la DACA, buscaron oportunidades educativas a las que no podían acceder previamente. El 46 por ciento de los encuestados afirmaron que ya contaban con una licenciatura o un título superior.
Otras investigaciones muestran que, después de la aprobación de la DACA en el 2012, los estudiantes que reunían los requisitos experimentaron un aumento inmediato y persistente de asistencia escolar, graduación de la secundaria y, hasta cierto grado, asistencia universitaria.
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