A partir del 1 de enero de 2027, cualquier contribuyente podrá destinar una parte de su impuesto federal sobre la renta a ciertas organizaciones sin fines de lucro llamadas Organizaciones Otorgantes de Becas (SGO, por sus siglas en inglés), en lugar de pagarla al Tesoro de los Estados Unidos.
Respaldado por organizaciones religiosas y grupos afiliados a iglesias, el programa se creó principalmente para financiar la colegiatura de kínder a 12.º grado en escuelas religiosas y privadas, aunque las SGO también pueden otorgar algunos fondos a través de escuelas públicas. Este programa no tiene una fuente de ingresos; en la práctica, añadirá miles de millones de dólares a la deuda federal en forma de gastos tributarios. No hay un límite al costo total del programa, y el Tesoro estima que para 2030 podría desviar casi 26 mil millones de dólares al año.
Esta política amplía las propuestas de financiamiento de escuelas privadas de la exsecretaria de Educación Betsy DeVos. Desarrollada en el Proyecto 2025, se convirtió en ley como parte del paquete de reconciliación presupuestaria de 2025 conocido como la “One Big Beautiful Bill” (OBBB). Es una de varias medidas de la ley que entran en vigor el 1 de enero de 2027.
Nuestra opinión: esta es una mala política.
Esta publicación explica el crédito tributario y sus implicaciones. Al momento de escribir esto, en noviembre de 2026, algunos detalles importantes siguen sin definirse. En particular, el gobernador Newsom debe decidir antes del 1 de enero si California participará en el programa en 2027. Esperamos que decida no hacerlo — el crédito tributario es una mala política pública. No existe un consenso público a favor de esta política — se metió a la fuerza en un mal proyecto de ley que se aprobó por un margen mínimo con el voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance. Debería revocarse antes de que eche raíces. Somos firmes defensores de una educación universal sólida. Este no es el camino.
El Crédito Tributario Federal para Becas (FSTC, por sus siglas en inglés) se conoce por al menos otros dos nombres. Algunos de sus partidarios prefieren llamarlo “Crédito Tributario para la Libertad Educativa” (EFTC, por sus siglas en inglés), porque su objetivo principal es que más familias puedan pagar escuelas privadas. El código tributario lo llama “sección 25F”.
Sin importar cuál nombre se imponga, la palabra clave es crédito. La ley tributaria incluye dos herramientas que suenan parecidas, pero funcionan de manera muy distinta:
Pregunta de conciencia: ¿es una “donación” si no le cuesta nada?
Bajo el FSTC, un contribuyente soltero que destine hasta $1,700 de sus impuestos a una organización de becas sin fines de lucro aprobada en un año recibe un crédito tributario federal por el monto total al año siguiente. El dinero que exceda este límite puede trasladarse y reclamarse en declaraciones de impuestos posteriores. Un matrimonio que declara en conjunto puede reclamar hasta $3,400 al año. Para la mayoría de los contribuyentes, esto significa que la “donación” no les cuesta nada: es dinero que de todos modos habrían pagado al IRS para financiar el funcionamiento del país. En cambio, el dinero se desvía a un fondo de becas.
El crédito es no reembolsable. Puede reducir a cero lo que usted debe de impuestos federales, pero no le enviará un cheque por encima de eso. Aproximadamente un tercio de quienes presentan declaraciones de impuestos federales deben suficientes impuestos para reclamar el crédito completo. Según la OBBB, a los contribuyentes que destinan impuestos a fondos de becas se les llama “donantes”, aunque los fondos desviados no les representen ningún costo neto.
La “donación” de un contribuyente, financiada con deuda, no es un cheque directo a un estudiante o a una escuela. El dinero va a una Organización Otorgante de Becas (SGO), una organización sin fines de lucro que reúne las donaciones. Las SGO deben pagar al menos el 90% del dinero en forma de becas a través de escuelas privadas u otros proveedores, en un plazo máximo de dos años. Cada estado participante entrega al IRS una lista anual de las SGO autorizadas.
No hay un monto mínimo ni máximo de beca, ni la obligación de atender primero a los estudiantes de menores ingresos. Cada SGO decide. Los distritos escolares no tienen ningún papel.
Este nuevo programa tiene ganadores y perdedores. Las escuelas públicas pierden, porque la energía, la filantropía y la creatividad para el cambio se desplazarán hacia las SGO. A corto plazo, el contribuyente que participa queda igual. El Tesoro federal pierde, pues absorbe el costo como deuda que pagarán las generaciones futuras. La SGO cobra una pequeña comisión que financia su operación, incluidos los costos de contabilidad, prevención de fraude y servicios. Algunos estudiantes de escuelas privadas recibirán becas. Algunos estudiantes de escuelas públicas dejarán la educación pública para asistir a escuelas privadas. La PTA del Estado de California expresó su oposición de manera concisa en una carta al gobernador Newsom.
Bajo este programa, los estudiantes y los padres no reciben ni controlan el dinero directamente; son las escuelas privadas u otras organizaciones calificadas las que reciben el dinero para otorgar becas o pagar servicios. El personal y los miembros de la junta directiva de las SGO pueden recibir remuneración, la cual se documenta en el Formulario 990 anual de la organización.
Las SGO eligen a sus beneficiarios con pocas restricciones. Pueden destinar fondos a estudiantes de kínder a 12.º grado cuyo ingreso familiar sea igual o inferior al 300% del ingreso medio del área, un tope muy alto. En gran parte de la costa de California, el 300% del ingreso medio local supera con creces los $100,000.
Para evitar conflictos de interés, los contribuyentes no pueden destinar sus aportaciones a un estudiante en particular, y las SGO no pueden otorgar becas grandes a sus propios allegados ni a las familias de donantes muy grandes (más de $5,000 al año). Sin embargo, un padre que aporte los $1,700 habituales sí puede solicitar a esa misma SGO una beca para su propio hijo. Según la ley, los hermanos reciben preferencia, al igual que quienes recibieron becas el año anterior. Una SGO debe financiar al menos a 10 estudiantes que no asistan todos a la misma escuela.
La colegiatura de escuelas privadas y religiosas es el uso principal previsto para los fondos de las SGO. La ley también permite que las SGO usen los fondos de otras maneras. Por ejemplo, las SGO pueden otorgar becas que no cubren colegiatura para estudiantes de escuelas públicas, con fines como tutorías, servicios de educación especial, libros y materiales, transporte, programas de horario extendido y tecnología. Los detalles completos aún no están definidos.
Los distritos escolares públicos no pueden funcionar como SGO, pero las fundaciones educativas privadas sin fines de lucro sí podrían hacerlo si atienden a estudiantes en al menos dos escuelas. Las SGO deben destinar al menos el 90% de sus ingresos a becas, pero hasta un 10% puede cubrir otros gastos.
Aunque el crédito es federal, cada estado tiene cierto poder para activar o no el programa. Un estado participa solo si su gobernador (o la persona que designe la ley estatal) opta por hacerlo, y la decisión debe renovarse cada año. Para 2027, hay dos pasos:
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Fecha límite |
Lo que debe hacer el estado |
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1 de enero de 2027 |
Presentar ante el IRS una “declaración anticipada de participación” (advance election, Formulario 15714) en la que declara su intención de participar |
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15 de febrero de 2027 |
Entregar su lista de SGO aprobadas. |
Hay un giro curioso: los californianos pueden desviar impuestos del IRS a las SGO, participe o no California. Por ejemplo, un contribuyente de California puede destinar $1,700 a una SGO en Arizona o Texas y aun así recibir el crédito federal completo. Lo que pierden los estudiantes de California si el estado no participa es la posibilidad de recibir los servicios financiados por esas becas.
Al 11 de noviembre de 2026, 30 estados habían optado formalmente por participar y otros dos (Nueva York y Nuevo México) habían anunciado que lo harían. La mayoría de los estados participantes tienen gobernadores republicanos. Unos 15 gobernadores demócratas, entre ellos Newsom, no han decidido.
Conteo al 15 de noviembre de 2026: 32 participan, 15 indecisos (incluido D.C.), 2 vetaron y 2 declinaron. “Participan” significa que el estado figura en la lista del IRS de estados que han presentado una declaración anticipada de participación. Cada estado participante aún debe entregar su lista de SGO antes del 15 de febrero de 2027, y debe volver a optar por participar cada año.
En California, la fecha límite crea un traspaso curioso. El mandato de Newsom termina a principios de enero, así que la decisión de participar antes del 1 de enero le corresponde solo a él. Si la presenta, el gobernador electo Xavier Becerra deberá decidir si completa el proceso entregando la lista de SGO antes del 15 de febrero. Si Newsom no hace nada, California queda fuera en 2027, y la decisión para 2028 recaerá en Becerra. Al 9 de noviembre, la oficina de Newsom solo había dicho que el gobernador está analizando el programa.
Hay otras dos cosas en marcha. Primero, las reglas aún se están redactando: el Tesoro y el IRS publicaron reglamentos temporales y propuestos el 1 de octubre de 2026, y las reglas propuestas pueden cambiar después del período de comentarios públicos. Segundo, las elecciones de noviembre dieron a los demócratas el control del Congreso a partir de enero, lo que ha desatado especulaciones de que el Congreso podría modificar o eliminar el programa. Algunos gobernadores quizá simplemente esperen a ver qué pasa.
Para seguir las novedades, suscríbase a EdSource.org, que informa sobre el sector educativo de California. Según John Fensterwald, editor general, es probable que el programa haya llegado para quedarse, incluso después de las elecciones intermedias de 2026. “Es probable que Trump vete un proyecto de ley para eliminar el programa, e incluso con un Congreso dominado por los demócratas, estos no tendrían suficientes votos para anular un veto”.
Esta es una verdadera disputa política, con personas serias en ambos lados.
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SÍ: Argumentos a favor de participar |
NO: Argumentos en contra de participar |
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No le cuesta nada directamente a California.
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Le roba al Tesoro.
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Las familias quieren opciones.
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Favorece a los acomodados.
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Los estudiantes de escuelas públicas también pueden beneficiarse un poco.
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Poca rendición de cuentas.
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Que el dinero de California se quede en California.
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Es prudente esperar. |
Esta decisión la tomará una sola persona en un plazo corto, así que si usted tiene una opinión, la oficina del gobernador es el lugar para compartirla. Si California sí se une, los miembros de las mesas directivas escolares y los padres líderes deberían hacer pronto una pregunta práctica: ¿se asociará nuestro distrito con una SGO para recaudar fondos para tutorías y otros apoyos?
Para comunicarse con el gobernador Newsom: use el formulario de contacto en línea, llame al (916) 445-2841 o escriba a Governor Gavin Newsom, 1021 O Street, Suite 9000, Sacramento, CA 95814.
Como decimos al principio, creemos que este crédito tributario federal es una mala política y debería eliminarse. ¿Qué opina usted y por qué? Deje un comentario abajo. Por favor, sea breve y paciente — moderamos todos los comentarios antes de publicarlos.
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