Una avalancha de nuevas proclamaciones presidenciales sobre educación amenaza con recortar sistemas escolares que ya luchan por mantenerse a flote.
Entre los desafíos se encuentran amenazas de recortar fondos si las escuelas no se alinean con la interpretación de la administración de Trump sobre las políticas de diversidad e inclusión. Se han eliminado subvenciones para la formación docente basándose en cambios de criterio sobre temas considerados demasiado “progresistas.”
Mientras tanto, el Instituto de Ciencias de la Educación (IES) — una fuente clave de investigación y datos — está en proceso de ser desmantelado.
Esta publicación analiza estos cambios importantes y ofrece contexto. Cuando es posible, hemos incluido enlaces con detalles sobre los recortes. Sin embargo, el seguimiento de estos cambios es cada vez más difícil, ya que algunas páginas web que describen programas federales de educación están desapareciendo.
Retrocedamos un poco. La educación pública se lleva a cabo a nivel local, a través de los distritos escolares. La mayoría de las leyes sobre educación son estatales, no federales. Los programas federales desempeñan un papel igualador en la educación — ayudan a financiar programas de desayuno y almuerzo escolar, por ejemplo. En comunidades desfavorecidas, los programas federales apoyan los salarios de los docentes en educación temprana y educación especial. En California, aproximadamente una décima parte del presupuesto para escuelas públicas proviene del gobierno federal. En Mississippi, los fondos federales desempeñan un papel más importante. En Connecticut, tienen un papel menor.
El Departamento de Educación federal (DOE) también desempeña un papel esencial en la aplicación de los derechos civiles en la educación. Los datos recopilados por el gobierno federal ayudan a superar los enfoques ruidosos y variables de los estados para determinar qué funciona. Vea el organigrama y el presupuesto para el año fiscal 2025 (si está disponible).
Aunque el dinero federal representa una parte relativamente pequeña del financiamiento total de la educación en California, no es una cantidad insignificante. Son miles de millones. El Education Law Center ofrece un desglose detallado.
Las primeras semanas de la segunda administración de Trump en 2025 estuvieron marcadas por esfuerzos significativos para implementar promesas de campaña relacionadas con la educación. La siguiente tabla resume las prioridades educativas expresadas en Project 2025 y en la Agenda 47 de la campaña de Trump, junto con las acciones tomadas hasta ahora.
Planes de Transición Educativa Presidencial 2025 |
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Acciones a febrero de 2025 |
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Eliminar el Departamento de Educación: “La política educativa federal debería ser limitada y, en última instancia, el Departamento de Educación federal debería ser eliminado.” |
“La mayoría de las actividades del gobierno federal deberían limitarse a la recopilación de estadísticas.” Trump ha prometido eliminar el Departamento de Educación reduciendo los programas administrados por la Oficina de Educación Primaria y Secundaria y transfiriendo algunos programas restantes a otras agencias federales. |
Recortes en investigación del Departamento de Educación |
Restaurar el control local y estatal |
Los fondos se enviarían a las agencias locales como subvenciones sin condiciones. Ejemplo: Estudiantes con discapacidades (IDEA), Título I |
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Desviar fondos de las escuelas públicas hacia escuelas privadas y religiosas “En última instancia, cada padre debería tener la opción de dirigir la parte de financiamiento educativo de su hijo a través de una cuenta de ahorro para la educación (ESA), financiada en gran parte por contribuyentes estatales y locales, lo que permitiría a los padres elegir un conjunto de opciones educativas que se adapten a las necesidades únicas de su hijo.” |
Trump ha expresado un fuerte apoyo a los vouchers y la elección escolar. Contexto: Lea la publicación de Ed100 sobre la política de elección escolar. |
El presidente Trump emitió una amplia orden ejecutiva sobre “elección escolar” en enero de 2025. |
Eliminar el financiamiento federal del Título I para estudiantes de bajos ingresos en un plazo de 10 años. |
Nota de Ed100: Aproximadamente el 63 % de las escuelas públicas tradicionales y el 62 % de las escuelas charter públicas son elegibles para recibir fondos del Título I. |
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Prohibir la Teoría Crítica de la Raza y aumentar los derechos de los padres. “La aplicación de los derechos civiles debe basarse en una interpretación adecuada de esas leyes, rechazando la ideología de género y la teoría crítica de la raza.” Contexto: Explicación de Ed100 sobre los derechos de los padres. |
El presidente Trump prometió “cambiar el rumbo de la indoctrinación de izquierda y volver a respetar el derecho fundamental de los padres a controlar la educación, la salud y la formación moral de sus hijos.” |
El Departamento de Educación de EE.UU. ordena a las escuelas poner fin a las preferencias raciales en febrero de 2025. El Departamento de Educación de EE.UU. recorta más de $600 millones en subvenciones para formación docente en febrero de 2025. |
Fortalecer las protecciones para instituciones y programas educativos basados en la fe |
“Libertad para rezar” en las escuelas públicas. |
Guerra contra lo "woke"
La administración de Trump emitió una carta Dear Colleague en febrero de 2025 amenazando a los distritos escolares y universidades con la pérdida de fondos federales si no siguen la interpretación de la administración sobre las leyes relacionadas con la raza. La carta dice, en parte:
“Las instituciones educativas han adoctrinado tóxicamente a los estudiantes con la falsa premisa de que Estados Unidos se construyó sobre un ‘racismo sistémico y estructural’ y han promovido políticas y prácticas discriminatorias.”
“Los defensores de estas prácticas discriminatorias han intentado justificarlas aún más —particularmente en los últimos cuatro años— bajo la bandera de ‘diversidad, equidad e inclusión’ (DEI), introduciendo estereotipos raciales y una conciencia racial explícita en la formación, la programación y la disciplina cotidiana.”
Una carta NO es la ley.
Esta carta expresa la interpretación de la administración de Trump sobre la ley, basada en la decisión de la Corte Suprema de 2023 en el caso Students for Fair Admissions v. Harvard (SFFA), que determinó que el uso de preferencias raciales en las admisiones universitarias es ilegal.
La administración de Trump argumenta que “el fallo de la Corte Suprema tiene una aplicación más amplia. En esencia, la prueba es simple: si una institución educativa trata a una persona de una raza de manera diferente que a otra persona debido a su raza, la institución educativa está violando la ley.”
Muchos no están de acuerdo con esta interpretación expansiva, que enfrentará desafíos legales. Dos esfuerzos de la administración de Trump relacionados con DEI ya han sido bloqueados por un tribunal de distrito.
El Departamento de Educación de EE.UU. ha revocado más de $600 millones en subvenciones para la formación docente, previamente otorgadas a instituciones y organizaciones sin fines de lucro que utilizaban fondos públicos para capacitar a educadores y agencias educativas. La administración de Trump justificó la decisión argumentando que estos programas promovían “ideologías divisivas”, incluyendo la Teoría Crítica de la Raza, Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), activismo por la justicia social, “antirracismo” y enseñanzas sobre privilegio y supremacía blanca.
Hace mucho tiempo, los votantes de California prohibieron la acción afirmativa al aprobar la Proposición 209 en 1996:
“El Estado no discriminará ni otorgará tratamiento preferencial a ningún individuo o grupo por motivos de raza, sexo, color, etnicidad u origen nacional en la operación del empleo público, la educación pública o la contratación pública.”
Las escuelas locales tendrán que determinar si su currículo y programas cumplen con la interpretación de la administración de Trump. ¿Son aceptables los cuadros de honor por etnia? ¿Las lecciones de historia que enfatizan temas multiculturales? ¿Los clubes y actividades extracurriculares que apoyan a grupos de estudiantes, como los LGBTQ+ o los estudiantes afroamericanos?
La carta Dear Colleague estableció que los distritos tenían dos semanas para cumplir, pero aún persisten muchas preguntas—no solo sobre qué implica el cumplimiento, sino también sobre si la administración de Trump tiene la autoridad para retener fondos en primer lugar.
La administración de Trump ha anunciado recortes de casi $1,000 millones en contratos de educación, lo que efectivamente cierra gran parte del Instituto de Ciencias de la Educación, la principal agencia encargada de llevar a cabo investigaciones sobre la educación en EE.UU. Según el National Education Policy Center, las cancelaciones afectan datos sobre educación superior y educación K-12, así como información clave para la financiación de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). Desde 1867, el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES) ha sido la agencia federal responsable de recopilar, analizar y reportar datos sobre la educación en EE.UU. El académico de NEPC Bill Penuel, de la Universidad de Colorado Boulder, escribió en LinkedIn:
“Cancelar los contratos del NCES afecta nuestra capacidad para comprender las condiciones y el progreso de las escuelas en el cumplimiento de objetivos educativos consagrados en leyes como ESSA, IDEA y la Ley de Igualdad de Oportunidades en la Educación, además de mandatos de fallos judiciales como Lau v. Nichols.”
NPR informa que la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) no será recortada… al menos por ahora. La Lección 1.1 de Ed100 explica la importancia de esta evaluación nacional. Desde 1969, ha servido como una medida clave para determinar qué sistemas educativos funcionan mejor que otros y para qué estudiantes.
Una congelación del gasto federal ordenada por Trump, que habría afectado muchos servicios y programas que apoyan a niños y escuelas, ha sido detenida, por ahora. Un tribunal federal dictaminó que la administración carece de la autoridad constitucional para retener fondos asignados por el Congreso.
Matthew J. Vaeth, director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), explicó el propósito de la congelación en un memorando:
“El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del Green New Deal es un desperdicio del dinero de los contribuyentes que no mejora la vida diaria de quienes servimos.”
Escribiendo para Education Week, Mark Lieberman informa que una congelación del gasto podría afectar “planes para hacer que los edificios escolares sean más eficientes energéticamente, iniciativas para reemplazar autobuses diésel por alternativas de energía limpia, proveedores de educación infantil temprana, esfuerzos para mejorar la seguridad peatonal cerca de los campus escolares, servicios para ayudar a los estudiantes con discapacidades de secundaria en su transición a la vida adulta y apoyos de salud para estudiantes de secundaria con problemas de salud mental.”
Entre los tres poderes del gobierno, el financiamiento (la “bolsa”) es determinado por el Congreso bajo el Artículo I de la Constitución. El Congreso ha creado dos principales fuentes de financiamiento federal para la educación: Título I para estudiantes de bajos ingresos y IDEA para educación especial.
En cada año de su primera administración, el presidente Trump propuso recortes a la educación pública. Vea los detalles de cada año: 2018, 2019, 2020, 2021. Cada año, el Congreso ignoró estas propuestas.
En un discurso el 28 de enero de 2025, la senadora Amy Klobuchar enfatizó que el poder legislativo es una rama de gobierno co-igual y cuestionó la validez de la orden de retención de fondos. “Los padres fundadores no le dieron ese poder a Matthew Vaeth,” dijo. “Nos lo dieron a nosotros.”
Históricamente, ha sido común que los presidentes propongan grandes cambios en el financiamiento federal de la educación como parte de su solicitud de presupuesto al Congreso. En la práctica, el Congreso siempre ha ignorado estas propuestas, apoyando la educación pública de manera bastante estable y confiable a pesar del ruido político. (Vea las barras azules en el gráfico a continuación. Administraciones anteriores en CEF.)
El riesgo para los niños y las familias es que esta vez podría ser diferente. Si el Congreso permite que la política se convierta en una política de recortes radicales, los niños y las familias sufrirán las consecuencias.
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